Sin embargo, es sabido que las efemérides las carga el diablo. Y en este caso, las mismas se hilan con el propósito de forzar la consagración de una definitiva relectura de nuestra historia contemporánea no menos maniquea que la que impuso el franquismo mientras pudo. En un artículo de Javier Cercas en EL PAÍS del 29 de noviembre pasado (Cómo acabar de una vez por todas con el franquismo) creo que se resume adecuadamente el espíritu y la letra de esa relectura en la siguiente frase: "Había una vez en España una República democrática mejorable, como todas, contra la que un militar llamado Franco dio un golpe de Estado. Como algunos ciudadanos no aceptaron el golpe y decidieron defender el Estado de derecho, hubo una guerra de tres años. La ganó Franco, quien impuso un régimen sin libertades, injusto e ilegítimo, que fue una prolongación de la guerra por otros medios y duró 40 años". A esa lectura se apunta con entusiasmo la izquierda que nos gobierna.
A mi juicio, el problema que suscita esta nueva verdad oficial no está en la demonización del franquismo, sino en la beatificación de la República. La descripción del régimen de Franco que despacha Cercas en las líneas anteriores es algo simplista y omite aspectos esenciales (como, por ejemplo, la propia evolución del franquismo), pero no puede decirse que sea falsa.
Sí es en cambio, a mi entender, radicalmente errónea la frase que describe a la República. La República no fue un régimen democrático mejorable como todos. Fue un fracaso de la democracia al que contribuyeron revolucionarios y contrarrevolucionarios en semejante medida. Lo fue, además, casi desde el principio, pero, sobre todo, lo fue en el periodo final, el inmediatamente antecedente a la Guerra Civil, como demuestran, a mi juicio de forma poco discutible, trabajos recientes de historiadores tan solventes como Stanley G. Payne.
Simplemente hagamos el ejercicio de transponer la historia de esos meses convulsos a la actualidad. Imaginemos que en el lapso de unos pocos meses se hubieran producido en torno a 300 muertes violentas en incidentes políticos, y entre ellas, la del jefe de la oposición parlamentaria, a manos de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Alguien en sus cabales hablaría, en tal situación, de un "régimen democrático mejorable"?
La cuestión está en que un fracaso colectivo -como fue la República- no tiene por qué constituirse retrospectivamente en el mástil mora al que amarrar la nueva democracia. Esto es tan erróneo -y tan autodestructivo- como lo sería pretender que la legitimidad de la actual democracia que disfrutamos se ancla en las previsiones sucesorias del franquismo.
Pero eso, con ser malo, no sería lo peor. Lo peor es que el intento trae consigo una deslegitimación implícita de uno de los pocos procesos de nuestra historia contemporánea del que tenemos razones para sentirnos orgullosos o, al menos, satisfechos: la transición. El corolario de esa relectura es, efectivamente, que la transición no da lugar a una verdadera democracia, dado que los condicionamientos de la misma no permitieron hacer justicia a las víctimas del franquismo ni superar sus tabúes, y ello vicia las bases morales del nuevo régimen democrático.
Ése es el disparate. La transición española es casi un milagro histórico. Despreciar su valor como piedra angular de nuestra democracia es renunciar a una de nuestras mejores páginas de historia colectiva. Pero, sobre todo, es aventurarnos de nuevo en una senda de incertidumbre. La historia más reciente es pródiga en ejemplos de transiciones fallidas (sin ir más lejos, en los Balcanes o en algunos países del Este de Europa). Todas tienen en común un rasgo: en ellas, el deseo de vindicación de un pasado -por irreal, mitológico o fantasioso que éste sea- se hace más fuerte que la voluntad de construir un futuro. Esas transiciones fallidas han dado lugar a quiebras de los Estados -donde la falla histórica tenía un contenido étnico, como en los Balcanes-, a inestabilidad política, a fracaso económico y, lo peor, se han cobrado en ocasiones un costoso tributo en sangre.
Por eso, la cuestión no es académica ni teórica. Los asuntos del espacio público que ocupan el lugar central de la agenda política están refractados por ese prisma revisionista, y así nos va. Especialmente, el debate sobre el modelo territorial.
Parece que hubiera que revisar la configuración del Estado de las Autonomías para ir a una filosofía más declaradamente federal porque el sistema actual no puede dar cauce a las aspiraciones de autogobierno de vascos y catalanes. Y todo ello porque las hipotecas de la transición impidieron un rediseño del Estado tan amplio como hubiera sido necesario.
Ese argumento no se sostiene ni teórica ni históricamente. El nivel de autogobierno catalán y vasco en la República era inferior al que los propios Estatutos de Sau y de Gernika consagran. Ninguno de los dos tuvo tiempo de consolidarse y, además, ambos constituyeron, cada uno a su modo, fuentes de riesgo, amenaza y deslealtad para la República. No hay nada que mirar en ese espejo: felizmente, en casi nada nos parecemos.
A estas alturas, echar atrás la vista 70 años tiene mucho más sentido para evitar los errores del pasado que para buscar inspiración en futuros aciertos. Porque hoy ya no podemos dar por buenos los versos de Gil de Biedma ("De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España / porque termina mal..."). Pero siempre corremos el riesgo de dejarnos llevar por estos otros de las Glosas a Heráclito de Ángel González: "Nada es lo mismo, nada / permanece. / Menos / la Historia y la morcilla de mi tierra / se hacen las dos con sangre, se repiten".
José Ignacio Wert es sociólogo.
